Archivos mensuales: diciembre 2014

El Campus pirata de Aranjuez

Hoy me gustaría desgranar la situación jurídica del “Campus de Aranjuez” de la Universidad Rey Juan Carlos, y explicar punto por punto todos los preceptos legales que se están infringiendo y las posibles consecuencias que esto podría tener para el alumnado.

En primer lugar, me gustaría explicar cómo se crea un Campus en nuestra Universidad, para luego compararlo con lo que se ha hecho, y lo que se está haciendo, con este Centro.

El proceso de creación de un Campus es un proceso jurídico-político. Es jurídico, porque hace falta una habilitación legal (acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM a propuesta de la Consejería) que debe publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para que despliegue efectos, como el resto de actos habilitantes y disposiciones generales. Y es político, porque la creación de un Campus es una pretensión de la Universidad, evidentemente nadie espera que la Consejería vaya proponiendo la creación de nuevos Campus alegremente, conque aportándose una decisión colegiada (volvemos al ámbito jurídico, en este caso el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad), se debe negociar con la Consejería y con la Comunidad la forma de creación y gestión de ese Campus, así como el impacto social de la zona, el económico en la propia Administración (un campus genera una elevada cuantía de gastos, así que además de la creación, hay que negociar una refinanciación de la Universidad, nuevas partidas presupuestarias, etc., vuelta a lo político).

Es decir, no existe un procedimiento establecido para la creación de un Campus, pero sí unos requisitos mínimos para su existencia: acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en desarrollo de la Ley de Creación, Memoria de Organización del nuevo centro, modificación de los Estatutos de la Universidad -que se debe aprobar por Decreto autonómico y publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid-, y yo añadiría que, por extensión, tal como se hace con todos los asuntos que afectan a la Universidad fuera de su organización interna (se hace con nuevas titulaciones, centros adscritos, plazas del profesorado, etc.), informar al Consejo de Universidades.

El requisito fundamental, que es el del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no existe. Es decir, la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que decir “muy bien, esto es un Campus“, lo único que ha hecho ha sido ratificar que es un Centro Adscrito (es decir, privado, no público, con su propio personal, su propia gestión, etc.), además de limitar lo que allí se puede impartir. Luego, hoy por hoy, y lleva siendo así desde el comienzo del curso hace tres meses, la Universidad está ahí poco menos que de “okupa“, porque no está habilitada legalmente para ofertar allí sus titulaciones (la ANECA se encarga de verificar la “calidad”, conque podría dar el visto bueno a impartir Marketing en el campus de Tomelloso, pero si no tenemos campus de Tomelloso no se puede hacer, por más que reunamos los requisitos de calidad que pide la ANECA), ni tampoco para tener trabajando a su personal, que es personal al servicio de la Administración Pública (laboral y funcionario) y, sin embargo, está dando clases y prestando servicios administrativos en un centro privado.

Si bien es cierto que la Fundación que debería estar impartiendo docencia y gestionando el Campus, es de titularidad pública, no quiere decir que se pueda poner allí a trabajar al Personal de la Universidad.

Explicado qué hay que hacer para crear un Campus, y qué hemos hecho hasta ahora, me gustaría plantear las opciones que se plantean ahora.

En cualquier caso, la pelota está en el tejado de la Consejería. La Consejería de Educación ha dicho que no tiene constancia de que allí se estén impartiendo clases de titulaciones no autorizadas -a pesar de tenerlo acreditado en recurso de reposición a la Orden de autorización del Centro Adscrito-, y la Consejería de Presidencia ha dicho que investigará qué ocurre y tomará las medidas oportunas.  Estas medidas pueden ser:

1. No meter mucho las narices en lo que se está haciendo en Aranjuez, ponerse unas orejeras cual burros, y tomar el acuerdo en Consejo de Gobierno para autorizar la creación del Campus, con plena inobservancia al resto de requisitos que la Universidad ni cumple ni ha aportado. Esto sería lo más fácil y rápido para la Consejería, aunque con la lupa de los medios de comunicación encima de sus nucas, es bastante improbable que quieran jugársela. En cualquier caso, de hacer esto, solo faltaría que se abriese un procedimiento para la modificación de los Estatutos desde el Claustro Universitario, para dar plena apariencia de legalidad al asunto.

2. La segunda opción, y visto que la Universidad ha retirado de los edificios de Aranjuez las placas institucionales parece la más probable, sería que la Consejería inspeccionase el asunto, mandase inspectores a Aranjuez para ver qué se está haciendo, qué presencia tiene la Universidad y cómo se está gestionando el Centro. Por mucho que la Universidad retire las placas, ese detalle no es significativo -además de que retirarlas es absurdo, con la pedazo de foto que salió en el diario El Mundo en la que se ve perfectamente la placa a la entrada del edificio-, existen otra serie de elementos que delatan las actuaciones de la Universidad -véase la página web, los horarios de las titulaciones, los Planes de Ordenación Docente de los Departamentos, las Ayudas al Desplazamiento del Profesorado, el calendario de exámenes, la Oferta Académica del Distrito Único, y alguna cosa más que pronto se pondrá de manifiesto-. De este modo, la Inspección no podrá más que determinar que no se está haciendo un uso autorizado del Centro de Estudios Superiores Felipe II, ya que se ha instalado la Universidad y está haciendo un uso ilegítimo del mismo.

¿Qué ocurriría si se diese la segunda opción? Pues aquí, de nuevo, hay dos posibilidades:

1. Que la Consejería se limite a determinar que hay una serie de titulaciones que se están impartiendo sin autorización, y requiera a la Universidad para que deje de impartirlas y ofertarlas de inmediato. Podría darse el caso de que incluso en el segundo cuatrimestre, hubiera que trasladar toda la docencia ilegítima a otros Campus. Si lo hiciese por requerimiento, la Consejería se vería en la obligación de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Universidad por actuar por la vía de hecho, y podrían derivarse consecuencias muy perniciosas para el alumnado que ha comenzado allí sus estudios si el Juzgado finalmente decidiese anular los actos que permitieron que comenzasen allí sus estudios en primer lugar, en caso de que la Universidad no acatase el requerimiento de la Consejería.

2. Que la Consejería entre a valorar el fondo del asunto, y determine que, efectivamente, todo lo que se está impartiendo en Aranjuez ahora mismo por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, carece de autorización, y que se han incumplido flagrantemente las cláusulas accesorias de la autorización de la Consejería, conque debería aplicar la disposición séptima de la autorización y revocarla. En este caso nos quedaríamos directamente sin Aranjuez, habría que trasladar a todo el alumnado, y no habría demasiadas expectativas de volver.

Próximamente explicaré lo que no afecta directamente al alumnado, y sí al personal de la Universidad que se encuentra allí dando clase y prestando servicios, y las consecuencias legales que esto tiene para ellos.

Normativa aplicable: