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Prueba de Evaluación de Competencias: Nota informativa

1. ¿Qué es un TFG?

Un trabajo de Fin de Grado es un trabajo de investigación relacionado con un ámbito de conocimiento que el alumno realiza bajo la dirección de un Profesor (tutor) y que ha de defender ante un Tribunal para poder obtener un título oficial.

2. ¿Qué es la Prueba de Evaluación de Competencias?

Una Prueba de Evaluación de Competencias (PEC) es, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), una suerte de exposición dividida en dos partes. Una parte oral, en la que al alumno se le asignan tres temas por sorteo, de los cuales ha de exponer uno; y otra parte práctica en la que el alumno debe realizar una prueba práctica “relacionada” con su carrera (en el caso de Magisterio, rellenar una Unidad Didáctica, en el caso de Derecho, analizar una Sentencia, etc.).

3. ¿Para quién está hecha la PEC?

La PEC tiene dos tipos de estudiante objetivo. Un primer tipo es el estudiante “vago” al que los profesores han venido diciendo que se presente a la PEC “porque es más fácil”; y un segundo tipo es el estudiante desesperado que no encuentra tutor de TFG o que no consigue tema en tercera fase de asignación, y al que prácticamente han obligado a coger la PEC, con la excusa de que no hay suficientes profesores para dirigir TFGs.

4. ¿Por qué no hay profesores para dirigir TFGs?

La Universidad dice que no hay profesores suficientes para dirigir TFGs, y que el máximo que puede dirigir cada profesor es 6 TFGs. Esto es radicalmente falso, como veréis a continuación:

  1. Los Profesores Titulares, Catedráticos, Ayudantes Doctores y Contratados Doctores tienen la obligación de coger un mínimo de 6 TFGs.
  2. Cualquier profesor (incluidos Visitantes y Asociados) puede dirigir TFGs, sin límite alguno.
  3. Hay profesores que tutorizan hasta 20 TFGs, y profesores que apenas tutorizan uno.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Muy sencillo. En primer lugar, el alumno que lea esto, debe entender que un profesor está trabajando, y aquí nos metemos en su ámbito laboral. A los profesores, en su Plan de Ordenación Docente (POD) les reconocen una hora (es decir, 0.1 ECTS) por cada TFG que dirigen. Esto quiere decir que un Profesor Titular, dirigiendo sus 6 TFGs mínimos, tendría que acumular diez años (60 TFGs) para poder liberar la carga docente de una asignatura. Con este panorama, es entendible que los profesores rehuyan de dirigir TFGs, ya que es una tarea que, si quieren hacer bien, deben sacar el tiempo de donde no lo hay.

La solución a esto pasa por que los “pesos académicos” de la Universidad exijan un reconocimiento real del trabajo y el tiempo que dedican a tutorizar TFGs, y de esta manera, no habría tanta reticencia a hacerlo, y hacerlo bien.

Por otro lado, se están contratando Profesores Asociados para cubrir docencia en muchos Grados de nueva creación, sin ningún tipo de respeto por los criterios académicos de las correspondientes disciplinas. ¿No sería posible contratar profesores para que dirijan TFGs? Dirán que no hay dinero, pero mienten, porque para dar un millón de euros a un Campus ilegal, y para rehabilitar un hospital abandonado en Aranjuez sí que hay fondos.

Luego está el asunto de que el 90% del alumnado llega a clase y no diferencia al profesor de la pizarra. Es una cosa que está ahí cuando entras y se queda cuando sales. Ni siquiera nos molestamos en saber cómo se llaman. Si no conoces ni a los profesores que te han dado clase, ¿cómo esperas cerrar un acuerdo para que alguno te dirija el TFG? Hay que hacer autocrítica.

5. ¿Es legal la PEC?

Hay que decir que no. No está amparada en la legalidad. Lo que la norma exige a todos los Grados oficiales (artículo 12.3 del RD 1393/2007) es la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado. A diferencia de las personas físicas, empresas y demás organizaciones privadas, que pueden hacer todo lo que la Ley no prohíba (lo que se conoce como vinculación negativa), las Administraciones Públicas solo pueden hacer aquello que la norma les permita (vinculación positiva). Y no hay una sola norma que permita la convocatoria de las PEC.

6. ¿Cómo se ha actuado legalmente hasta ahora?

Cuando se convocaron las PEC de marzo, puse un recurso de reposición a la Decana para que anulase la convocatoria, y pedí medidas provisionales para que la suspendiese mientras resolvía. Registré el escrito el 12 de enero, y al no recibir contestación en el plazo de un mes, el 24 de febrero interpuse recurso contencioso-administrativo, en el que pedí medidas cautelarísimas -o cautelares urgentes- al Juzgado para que suspendiese la prueba, y evitar así las nefastas consecuencias que tendrá una eventual estimación del recurso, sobre quienes egresan bajo esta modalidad. Ayer, 9 de marzo, el Juez dictó un auto por el que me desestimaban las medidas cautelares, así que no hay nada -más que informar- que yo pueda hacer para evitar el desastre a quienes a partir de mañana tengan previsto presentarse a las PEC.

Este recurso se está tramitando en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº15 de Madrid, y si alguien quiere personarse como codemandante o codemandado, me puede escribir un correo electrónico al mail de la universidad (r.taylor@alumnos.urjc.es) y le indicaré el número de Procedimiento para que puedan formalizar su postulación.

7. ¿Qué consecuencias puede haber para quien haga la PEC?

Pues, lamentablemente, las consecuencias para quien decida hacer la PEC, pueden ser nefastas. Si dentro de dos años el Juzgado me da la razón, que como es lógico, entiendo que la tengo -si no, no me dejaría dinero en ir a la vía jurisdiccional-, se anularán las convocatorias, así que se invalidará el resultado de las pruebas, y se establecerá expresamente la obligación de los estudiantes de elaborar y defender un TFG para poder egresar.

Si para obtener el título te dicen que tenías que hacer un TFG, y no lo has hecho, ¿qué crees que ocurre con tu título?

Y digo más. La Justicia es lenta, y serán dos años con suerte, si no tenemos que ir a segunda instancia. En ese caso, pueden darse situaciones más graves, como gente que haya opositado y tenga una plaza de Maestro, o de Notario, o de Secretario Judicial, del Cuerpo de Auxilio judicial y tramitación procesal, etc., o gente que haya hecho el máster y haya aprobado la prueba de acceso a la Abogacía, y que dejen de reunir los requisitos necesarios para ser funcionario o abogado. Es por eso que se ha procurado por todos los medios legales que se paralicen las PEC, pero hoy por hoy, no ha habido suerte.

8. ¿Qué tengo que hacer para evitarla?

Pues simple. Tenéis que hacer valer vuestros derechos. Tenéis derecho a que la Universidad os asigne un tutor de TFG, y no valen las excusas. Si no hay profesores suficientes, que os lo dirija la Decana o el Rector, que para eso son responsables de la organización académica y garantes del correcto funcionamiento de los servicios de la Universidad.

Si estáis en 2º o 3º, tenéis tiempo de conocer profesores con los que compartáis intereses académicos, a los que presentarles un proyecto atractivo. El objetivo primordial de todo estudiante ha de ser cerrar el acuerdo y tener TFG en 1ª fase.

Si esto no os resulta, deberéis esforzaros en tener las mejores notas para que os asignen el TFG en 2ª fase. Y si no os funciona lo 1º ni lo 2º, cuando escojáis los temas para el sorteo, tened en cuenta que habrá temas que quiera más gente, y temas que no quiera nadie: procurad reservar un 20% de vuestras opciones a estos últimos, al menos os aseguraréis de tener oportunidades.

Para quienes estén en 4º o no hayan tenido suerte con lo anterior, podéis rellenar esta solicitud, y presentarla en Registro. Si no os contestan en tres meses, o si os lo deniegan, deberéis formular recurso de alzada y después iros a contencioso. ¿Estáis desprotegidos? No, estáis en desventaja, pero no hay nada fácil en la vida, y tampoco hay nada imposible.

En cualquier caso, es vuestro deber como estudiantes universitarios, críticos como deberíais ser, no asumir impasiblemente lo que se os impone desde la institución, porque no tiene por qué tener razón. Debéis organizaros y llevar a cabo, si es necesario, acciones para presionar social y políticamente a las autoridades que os tiran por este acantilado jurídico y académico.

El que no llora no mama, y Superman no existe, así que no va a venir a salvaros.

Convalidaciones: arbitrariedad en estado puro

Últimamente he visto varios casos de estudiantes a quienes han denegado convalidaciones, y el término jurídico para describir las resoluciones es, sin duda, el de flipante.

Creo que la costumbre en las entidades locales menores proporciona mayor seguridad jurídica que lo que se hace en la Universidad Rey Juan Carlos.

Resulta que las resoluciones se ponen en el Portal de Servicios diciendo si la convalidación está aceptada o denegada, y si la deniegan, ponen dos o tres palabras con el “motivo” (eg. “diferencia de contenidos”). ¿Qué clase de acto administrativo es ese? ¿Quién resuelve? En la “resolución” no figura ni el órgano que la ha dictado.

El que se mueva un poco habrá encontrado en la página web la “normativa” de convalidaciones, y habrá llegado a la conclusión de que resuelve la “comisión de convalidaciones”, y el que sepa algo de Derecho, sabrá que el Reglamento no está publicado, y por tanto no ha desplegado efectos ni puede aplicare.

Luego tenemos la composición de las “comisiones de convalidaciones”. ¿Alguien sabe quienes son los vocales? ¿Alguien sabe si los hay? ¿Alguien sabe si se reúnen? No hay actas, no hay información de la composición, de los criterios, de las sesiones… Aquí ni Ley de Transparencia ni Cristo que lo fundó.

Además, según los Estatutos de la Universidad debería haber un representante del Consejo de Estudiantes -art. 147.f)-, y os aseguro, porque presido el órgano, que no lo hay en ninguna de las comisiones. Así pues, la composición de las comisiones no se ajusta a la norma, y por tanto, todas las decisiones que toman son nulas de pleno derecho, ya que se dictan prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados -art. 62.1.e) LRJPAC-.

Luego tenemos el contenido de las propias convalidaciones. Existe un concepto que, por lo visto, en ciertas Facultades y Escuelas desconocen: el precedente administrativo. El precedente administrativo es un acto administrativo que se dicta en un momento dado y, a partir del cual, vincula a la Administración a seguir un criterio concreto, por tanto, a tomar la misma decisión sobre un mismo asunto toda vez que se reúnen las mismas circunstancias. Por ejemplo, si van dos personas a convalidar la misma asignatura por una otra asignatura igual (eg. Estadística aplicada al Turismo -Grado en Turismo- por Estadística Empresarial II -Grado en ADE-), el resultado debe ser siempre el mismo, incluso aunque ambos casos se den en años distintos.

En el caso de que, por cualquier motivo, se dejase de convalidar una asignatura por otra, en primer lugar, se debería motivar con los criterios que justifiquen que ahora esa asignatura no sea convalidable -art. 54.1.c) LRJPAC-. Además, deberá coger las que hubiera aceptado anteriormente, revisar de oficio los actos invalidados, y abrir el correspondiente procedimiento de declaración de lesividad -artículos 102 o 103 LRJPAC según la motivación de la revisión-, ya que esas personas tedrán entonces que matricularse de la asignatura, cursarla y aprobarla. Incluso aunque esas personas hayan egresado, o hayan trasladado su expediente, se deben desconvalidar esas asignaturas. Por eso es fundamental que la Universidad respete sus propias decisiones, porque el perjuicio que causaría apartándose de su criterio en casos idénticos, dudo que fuera política ni económicamente asumible para la la Administración.

Pero no os preocupéis, estáis en la Universidad Rey Juan Carlos, y es tan probable encontrar un acto o un procedimiento plenamente válido y correcto, como que te pongan una matrícula de honor en una asignatura sin haber pisado la clase. Esto es, que o bien seas un perro fiel, o bien te toque la lotería.

Es de justicia decir que para la adaptación de Licenciatura a Grado en su día se hicieron las tablas de convalidaciones y están publicadas en la web, así como para el traslado de Educación Infantil a Educación Primaria y viceversa, lo cual constituye una honrosa excepción, ya que proporciona los criterios a la Comisión de convalidaciones, y la debida seguridad jurídica al alumnado.

Dicho esto, vamos a analizar la impugnabilidad que ofrece la Universidad. La normativa dice que ante la denegación cabe reclamación-recurso ante el vicerrector de alumnos en el plazo de 20 días. ¿Qué reclamación? ¿Qué tipo de recurso es? ¿Cómo que 20 días? ¿Vicerrector de Alumnos?

Desde luego que quien redactó la normativa se quedó a gusto. Luego hablaremos del prestigio de la Universidad y demás parafernalia panfletaria, pero aquí como mucho podremos traer a unas jornadas a la Jueza del Juzgado nº 1 de Madrid, porque cualquier jurista medianamente reconocido huirá espantado de las aberraciones jurídicas que se publican (en la web, que en el Boletín, ni una).

¿Dónde se ha visto que el plazo para la interposición de ningún recurso sea de 20 días en vía administrativa? Quien lo redactó, y quienes lo aprobaron no tienen absolutamente ni idea de lo que hacen. Eso, o se piensan que es su cortijo, y la Ley que la cumpla la Infanta, que ellos pasan.

Cualquier recurso administrativo tiene un plazo de interposición de un mes (de día a día) -artículos 115 y 117 LRJPAC, e incluso 4 años en el caso del extraordinario de revisión del art. 118- desde la notificación-. Y como hemos visto antes, no hay ni notificación ni nada, te aparece ahí una cosa con unas letras mal puestas en el Portal de Servicios y te dan por notificado. Hale, y el domicilio a efecto de notificaciones lo pones por si quieren pasar por casa a tomar un te con pastas, porque si esperas que te llegue una resolución por correo certificado a casa, puedes acabar como La loca del muelle de San Blas.

En fin, que aquí nos administra gente que bien podría dedicarse a cosas más productivas y en las que destacasen mínimamente, o directamente solicitar la incapacitación judicial -visto lo visto sería recomendable-, que nos iría mejor a todos y a todas.

Como decía, esto es jurídicamente flipante. Sois gente inteligente, con recursos, con representantes. Asesoraos e id al contencioso y que no os toque el nº1. Si no, mejor que no perdáis el tiempo recurriendo, porque hay quien resuelve y no sabe ni leer.

El Campus pirata de Aranjuez

Hoy me gustaría desgranar la situación jurídica del “Campus de Aranjuez” de la Universidad Rey Juan Carlos, y explicar punto por punto todos los preceptos legales que se están infringiendo y las posibles consecuencias que esto podría tener para el alumnado.

En primer lugar, me gustaría explicar cómo se crea un Campus en nuestra Universidad, para luego compararlo con lo que se ha hecho, y lo que se está haciendo, con este Centro.

El proceso de creación de un Campus es un proceso jurídico-político. Es jurídico, porque hace falta una habilitación legal (acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM a propuesta de la Consejería) que debe publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para que despliegue efectos, como el resto de actos habilitantes y disposiciones generales. Y es político, porque la creación de un Campus es una pretensión de la Universidad, evidentemente nadie espera que la Consejería vaya proponiendo la creación de nuevos Campus alegremente, conque aportándose una decisión colegiada (volvemos al ámbito jurídico, en este caso el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad), se debe negociar con la Consejería y con la Comunidad la forma de creación y gestión de ese Campus, así como el impacto social de la zona, el económico en la propia Administración (un campus genera una elevada cuantía de gastos, así que además de la creación, hay que negociar una refinanciación de la Universidad, nuevas partidas presupuestarias, etc., vuelta a lo político).

Es decir, no existe un procedimiento establecido para la creación de un Campus, pero sí unos requisitos mínimos para su existencia: acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en desarrollo de la Ley de Creación, Memoria de Organización del nuevo centro, modificación de los Estatutos de la Universidad -que se debe aprobar por Decreto autonómico y publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid-, y yo añadiría que, por extensión, tal como se hace con todos los asuntos que afectan a la Universidad fuera de su organización interna (se hace con nuevas titulaciones, centros adscritos, plazas del profesorado, etc.), informar al Consejo de Universidades.

El requisito fundamental, que es el del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no existe. Es decir, la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que decir “muy bien, esto es un Campus“, lo único que ha hecho ha sido ratificar que es un Centro Adscrito (es decir, privado, no público, con su propio personal, su propia gestión, etc.), además de limitar lo que allí se puede impartir. Luego, hoy por hoy, y lleva siendo así desde el comienzo del curso hace tres meses, la Universidad está ahí poco menos que de “okupa“, porque no está habilitada legalmente para ofertar allí sus titulaciones (la ANECA se encarga de verificar la “calidad”, conque podría dar el visto bueno a impartir Marketing en el campus de Tomelloso, pero si no tenemos campus de Tomelloso no se puede hacer, por más que reunamos los requisitos de calidad que pide la ANECA), ni tampoco para tener trabajando a su personal, que es personal al servicio de la Administración Pública (laboral y funcionario) y, sin embargo, está dando clases y prestando servicios administrativos en un centro privado.

Si bien es cierto que la Fundación que debería estar impartiendo docencia y gestionando el Campus, es de titularidad pública, no quiere decir que se pueda poner allí a trabajar al Personal de la Universidad.

Explicado qué hay que hacer para crear un Campus, y qué hemos hecho hasta ahora, me gustaría plantear las opciones que se plantean ahora.

En cualquier caso, la pelota está en el tejado de la Consejería. La Consejería de Educación ha dicho que no tiene constancia de que allí se estén impartiendo clases de titulaciones no autorizadas -a pesar de tenerlo acreditado en recurso de reposición a la Orden de autorización del Centro Adscrito-, y la Consejería de Presidencia ha dicho que investigará qué ocurre y tomará las medidas oportunas.  Estas medidas pueden ser:

1. No meter mucho las narices en lo que se está haciendo en Aranjuez, ponerse unas orejeras cual burros, y tomar el acuerdo en Consejo de Gobierno para autorizar la creación del Campus, con plena inobservancia al resto de requisitos que la Universidad ni cumple ni ha aportado. Esto sería lo más fácil y rápido para la Consejería, aunque con la lupa de los medios de comunicación encima de sus nucas, es bastante improbable que quieran jugársela. En cualquier caso, de hacer esto, solo faltaría que se abriese un procedimiento para la modificación de los Estatutos desde el Claustro Universitario, para dar plena apariencia de legalidad al asunto.

2. La segunda opción, y visto que la Universidad ha retirado de los edificios de Aranjuez las placas institucionales parece la más probable, sería que la Consejería inspeccionase el asunto, mandase inspectores a Aranjuez para ver qué se está haciendo, qué presencia tiene la Universidad y cómo se está gestionando el Centro. Por mucho que la Universidad retire las placas, ese detalle no es significativo -además de que retirarlas es absurdo, con la pedazo de foto que salió en el diario El Mundo en la que se ve perfectamente la placa a la entrada del edificio-, existen otra serie de elementos que delatan las actuaciones de la Universidad -véase la página web, los horarios de las titulaciones, los Planes de Ordenación Docente de los Departamentos, las Ayudas al Desplazamiento del Profesorado, el calendario de exámenes, la Oferta Académica del Distrito Único, y alguna cosa más que pronto se pondrá de manifiesto-. De este modo, la Inspección no podrá más que determinar que no se está haciendo un uso autorizado del Centro de Estudios Superiores Felipe II, ya que se ha instalado la Universidad y está haciendo un uso ilegítimo del mismo.

¿Qué ocurriría si se diese la segunda opción? Pues aquí, de nuevo, hay dos posibilidades:

1. Que la Consejería se limite a determinar que hay una serie de titulaciones que se están impartiendo sin autorización, y requiera a la Universidad para que deje de impartirlas y ofertarlas de inmediato. Podría darse el caso de que incluso en el segundo cuatrimestre, hubiera que trasladar toda la docencia ilegítima a otros Campus. Si lo hiciese por requerimiento, la Consejería se vería en la obligación de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Universidad por actuar por la vía de hecho, y podrían derivarse consecuencias muy perniciosas para el alumnado que ha comenzado allí sus estudios si el Juzgado finalmente decidiese anular los actos que permitieron que comenzasen allí sus estudios en primer lugar, en caso de que la Universidad no acatase el requerimiento de la Consejería.

2. Que la Consejería entre a valorar el fondo del asunto, y determine que, efectivamente, todo lo que se está impartiendo en Aranjuez ahora mismo por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, carece de autorización, y que se han incumplido flagrantemente las cláusulas accesorias de la autorización de la Consejería, conque debería aplicar la disposición séptima de la autorización y revocarla. En este caso nos quedaríamos directamente sin Aranjuez, habría que trasladar a todo el alumnado, y no habría demasiadas expectativas de volver.

Próximamente explicaré lo que no afecta directamente al alumnado, y sí al personal de la Universidad que se encuentra allí dando clase y prestando servicios, y las consecuencias legales que esto tiene para ellos.

Normativa aplicable:

Las funciones del personal de Registro III

Como habréis observado, en ningún momento se menciona que los funcionarios de Registro tengan que interactuar con quien registra un escrito, salvo en el caso de que haya que cotejar la documentación complementaria. Es curioso que en los tres años que llevo como representante de estudiantes, en distintos niveles, la queja que siempre he recibido sobre el Registro es la cantidad de trabas y los desafortunados comentarios que realizan los funcionarios de los mismos.

Antes de nada, he de decir, en honor a la verdad, que hay casos y casos. En los Registros de la Universidad Rey Juan Carlos he dado con verdaderos profesionales que te reciben con una sonrisa, cumplen con sus funciones y te alegran el día, y con auténticos patanes que no saben hacer la O con un canuto que te hacen preguntarte cómo la Universidad no ha implosionado todavía.

En caso de encontraros con uno de estos seres que dedican su existencia a ser un cliché de funcionario que te manda de una ventanilla a otra y a decirte que esto no lo tienes que hacer así, sino de la otra manera, o que esto no va a servir para nada, os planteo diversas situaciones:

1. El funcionario se niega a registrar:

- No puedo registrarlo.

- Tiene usted el deber de registrarlo.

- Pero no puedo registrarlo porque el árbol genealógico de las familias de enchufados no recoge a esa persona, debe ser que no debe nada, y no se le puede enviar el escrito.

- Le insisto en que tiene el deber de registrarlo. Caso de que no se pudiera hacer llegar al destinatario por causa imputable a quien presenta el escrito, la Administración debe requerir la subsanación de los eventuales defectos de forma, e informar de que se disponen diez días para proceder a dicha subsanación. La Ley prohibe a la Administración rechazar de plano una solicitud por este motivo.

- Pues eso, te estoy requiriendo que subsanes.

- Usted no tiene competencia para requerir nada en absoluto, y de hecho se está extralimitando bastante en sus funciones, pues su trabajo se reduce a registrar lo que se presente, sin necesidad de mediar palabra, y muchísimo menos discutir a un administrado cómo debe presentar un escrito.

- Pues no te lo puedo registrar.

- De acuerdo, entonces le ruego me facilite su nombre y sus apellidos (como ya nos sabemos el artículo 35, le mencionamos el apartado b)), y me alcanza un modelo de instancia, por favor.

Cuando llegamos a este punto, lo que hay que hacer es rellenar una instancia dirigida a la Inspección de Servicios (art. 210 de los Estatutos) exponiendo la situación (El día x, en el registro auxiliar del campus de… me disponía a registrar un escrito, a lo cual la funcionaria del registro, que se ha identificado como Dª. Y, se ha negado en varias ocasiones a pesar de haber manifestado su obligación a tramitar dicho registro, y mi derecho a que, efectivamente, lo haga) y solicitando que quieres ejercer tu derecho a exigir las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

Si esto ocurriera en distintas ocasiones, y no se diera solución al problema, entonces os cogéis un notario y cuando tengáis el acta en el que conste que se niegan a registrarlo, me llamáis al móvil y miramos, que va a estar gracioso. Eso sí, preparad la chequera, que ahí hay que pagar al notario, al abogado, al procurador y las tasas judiciales… Eso sí, el máster de Función Pública exprés en que matriculas al funcionario no tiene precio.

2. El funcionario está leyendo el papel de principio a fin

Este es un vicio bastante común en los Registros de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo mejor que podéis hacer es, al presentar un escrito, decir a quién va y qué es. Ejemplo:

- Buenos días, vengo a presentar este escrito. Original y copia. Va dirigido al Consejo de Gobierno y es un Recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de financiar la Fundación Clínica Universitaria con 30,000 euros de dinero público.

Con esa información, no deberían leer nada más, tienen todo lo que necesitan para tramitar el registro del documento sin necesidad de que hagan una radiografía transversal a lo que allí pone, que, de nuevo, es una extralimitación manifiesta de sus competencias.

Si aun así continuase leyendo, podéis ser prudentes y preguntar si necesita más información sobre el escrito. Esto ni siquiera suele ser necesario, pero si llega a serlo, por lo general no continuarán leyendo.

En caso de que por lo que sea ese día se haya levantado con un espíritu lector insaciable y le de por leer hasta la última coma, entonces procedimiento estándar: Le pides que deje de hacerlo, y si se niega, identificación y denuncia a la Inspección de Servicios.

3. El funcionario se empeña en corregirte toda la instancia

Caso 1 (fácil): Esto no debería ocurrir, ya que en primer lugar no hemos dejado que la lea. Pero en caso de que ocurra, hay que agradecer que intente informarnos, y decir que no es necesario, que somos conocedores del procedimiento y tenemos el convencimiento de que está todo correcto, y que en caso de no ser así, se nos tendrá que requerir la correspondiente subsanación, dándonos los diez días de rigor para efectuarla.

Caso 2 (moderado): Aquí es cuando el muy cachondo va y te dice que ya te está requiriendo él la subsanación, y procurando no reírte demasiado, le preguntas que al amparo de qué competencia lo hace, que no te consta que tenga por qué decir nada siquiera (esto está muy bien, por lo general la gente de los Registros suele ser gente maja y agradable, con la que hablas igual que hablas con cualquiera que esté trabajando y con quien tengas que interactuar, pero cuando te encuentras un especimen desagradable con quien no te apetece hablar, viene genial poder decirle que por Ley no tiene por qué abrir la boca, eso sí, con educación).

Caso 3 (difícil): Te dice que si no lo cambias no lo puede registrar. Pues nada, volvemos al final del punto 1 de esta entrada, pedimos que se identifique, denuncia a Inspección de Servicios, y manta y carretera.

Caso 4 (Godlike): Ayer te ocurrió lo mismo con el mismo papel, y hoy te vuelven a poner pegas con lo mismo. Pues nada, vas con un notario y que dé fe del comportamiento y las actuaciones del funcionario. Luego te vas a un registro de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma y ahí no te van a poner problema. Con el acta del notario y las actuaciones anteriores (denuncias a Inspección de Servicios, por ejemplo), os acercáis al juzgado y lo denunciáis directamente, que lo del notario es una pasta y no te la vas a gastar para luego no hacer nada.

4. Te dicen que no hay dinero y que no te pueden dar un modelo de Instancia

Error. Deben dar un modelo de instancia, y además con papel autocopiable. Lo del modelo viene dictado por el art. 70.4 de la Ley de Procedimiento. Luego lo del papel autocopiable es más o menos opcional. Si va a ser una página les viene mejor darte el papel autocopiable si no llevas copia para que te sellen, ya que en caso contrario deben darte un resguardo con los datos del registro (es decir, todo lo expresado en el 38.3 párrafo 2º), y os aseguro que eso es más lío para ellos…

Si se niegan a daros la instancia, pues qué os voy a decir… Lo de siempre, solo que esta vez es más absurdo, porque le vas a pedir otro modelo de instancia para dar parte… y también se va a negar. Puedes hacerlo en repetidas ocasiones, hasta que te canses, llevar la cuenta, y luego coger un folio y ponerlo todo…

Lo dejo por el momento, si tenéis alguna situación más que queráis que aborde, dejad un comentario y preparo otra entrada.

Las funciones del personal de Registro II

Continuamos donde lo habíamos dejado. Artículo 38, cuarto punto:

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: Es decir, cuando queráis presentar un escrito a cualquier órgano o unidad de la Universidad podéis hacerlo en…

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. Léase, los Registros General y auxiliares de la Universidad Rey Juan Carlos.

b) En los registros de cualquier órgano no administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. Es decir, que si estás de vacaciones en La Granja, te convocan elecciones a Rector en verano, y quieres ejercer tu derecho al voto anticipado, coges y te vas, por ejemplo, al Registro de la Diputación Provincial de Segovia, y ya que estás, te tomas algo en la Judería Vieja o en la Plaza Mayor. Tienes que ir a la Diputación Provincial porque, hasta donde yo sé, ninguna Administración Local tiene convenio con la URJC en materia de registros.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. Esto es lo que comúnmente se conoce como el envío de comunicaciones de contenido certificado, es decir, que en Correos presentas la documentación en sobre abierto, comprueban, y te sellan la copia, igual que harían en un Registro, y te quedas el resguardo de que lo has enviado por correo certificado, y cotejado. Véase art. 31 del RD 1829/1999.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Evidentemente, si las elecciones a Rector te pillan trabajando de au pair en Alemania, que estarás aprendiendo el idioma para coger una patera el día que te gradúes, no vas a ir a Móstoles a votar, ni tampoco le vas a explicar al de Correos de Heidelberg cómo se certifica el contenido de una carta en España, así que para eso está la Embajada de España, para que vayas a votar, te miren con cara de incredulidad cuando les cuentes que es para votar a unas elecciones a Rector en pleno mes de julio, y no vuelvas a aparecer por allí salvo que te convoquen claustro también, pierdas tu documentación, o te llegue una notificación de Merkel diciendo que ya empiezas a sobrar, que les estás quitando minijobs a los ancianos.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Este es el típico texto de por si acaso, pero a efectos de la Universidad no tiene aplicación alguna hoy por hoy.

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Esto último viene regulado por la Resolución de 7 de abril de 1997 para la implantación de un sistema interconectado de Registros entre las Administraciones territoriales, conque en la Universidad tiene poca aplicación.

5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de esta Ley a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto a sus solicitudes, escritos y comunicaciones.

Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobación de su identidad con el original.

Este apartado es maravilloso. Es la típica situación en la que te pide la Universidad un Certificado del Expediente Académico, por ejemplo, por el que te cobran 27 euros de tasas, y tú piensas: “Madre mía, menudo palo, esto con una fotocopia valdrá, digo yo”. Pues sí y no. Cuando presentas la fotocopia es cuando te dicen en el Registro que no puede ser una fotocopia, que es el original el que hace falta, y ahí es cuando dices: “¡Un momento! ¡Artículo 35 apartado c) de la Ley de Procedimiento! Le agradecería que me cotejase esta copia y conservar el original, por favor.” Entonces te lo cotejan y te quedas con el original, entregando la copia cotejada, salvo que necesariamente el original tenga que obrar en el procedimiento, lo cual pocas veces ocurre en nuestro entorno. Lo mismo ocurre con títulos, libro de familia, etc.

6. Cada Administración Pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos previsto en el artículo 35. En resumen, de lunes a jueves de 9 a 14 y de 15.30 a 17.30, y viernes de 9 a 14. Cerrado sábados, domingos, mes de agosto y fiestas de guardar.

7. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y escritos a las Administraciones Públicas. Esto no es realmente aplicable en la Universidad, ya que es discutible que se pudiera aplicar a los Precios Públicos en materia de Educación, aunque se podría estudiar, y tal vez lo hagamos más adelante, si sería aplicable, por ejemplo, a las tasas de Secretaría por la emisión de certificados.

8. Las Administraciones Públicas deberá hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento. Esto lo tenéis publicado en la Página de Registro General dentro de la web de la URJC.

Hasta aquí la explicación teórica de la norma. En la siguiente entrega, procederé a la explicación más práctica.

(Continuará…)

Las funciones del personal de Registro I

Hoy he tenido una situación muy controvertida en el Registro General del Campus de Móstoles. He ido a presentar un recurso de reposición dirigido a una profesora, y me dice el funcionario de Registro, y después la Jefa de Servicio, que un profesor no es un órgano y que no puede registrar el escrito.

Ya me ocurrió hace no mucho que otra funcionaria de Registro, esta vez del Campus de Vicálvaro, se negaba a cotejar documentación alegando que eran fotocopias, y que no podía distinguir cuál es el original.

Continuamente, como estudiantes, tenemos la necesidad o la obligación de presentar escritos en Registro, y los funcionarios del mismo, tienen la malsana costumbre de meterse en todo, decir cómo tenemos que hacer las cosas, qué podemos y qué no podemos presentar, y una infinidad de aberraciones administrativas que, por prudencia, deberían evitar.

Evidentemente, las dos situaciones antes descritas están denunciadas ante la Inspección de Servicios, y sobre la más antigua ya ha habido un pronunciamiento por su parte dando la razón al que os escribe en cuanto al cotejo de documentación.

Para empezar hay que aclarar que Registro no es Secretaría de Alumnos. Continuamente me encuentro con estudiantes que confunden ambos órganos, pero las funciones son totalmente distintas. Hoy me centraré en la función de los Registros y cuando tenga ganas, me centraré en la de la Secretaría de Alumnos.

El Registro de cualquier Administración Pública es el órgano encargado del asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia -art. 38.1 LRJPAC-. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que es el órgano encargado de las comunicaciones entre miembros de la Comunidad Universitaria (o administrados en general, de manera menos frecuente), y la propia Universidad, y viceversa. Es decir, es algo así como la oficina de Correos que se hace cargo de las comunicaciones que emita o reciba cualquier órgano o miembro de la Universidad en el ámbito de actuación de esta.

Dicho esto, ¿os imagináis que vais a enviar la carta a Papá Noel y en Correos os dicen que no pueden enviarla a Laponia porque no está censado Santa Claus? Pues algo así es lo que ocurre cuando la funcionaria del Registro te dice que no puede registrar un escrito dirigido a un profesor por que no figura en el árbol administrativo como órgano. Un sinsentido…

Lo primero que debes hacer, seas PAS, PDI o estudiante, es conocer el artículo 35 de la Ley de Procedimiento. No sé cómo la gente puede caminar sin ahogarse en  España sin conocer ese artículo. Es, como os habréis podido imaginar, el de los derechos de los administrados. Ese artículo, para cualquier ciudadano, debe ser como las tablas de multiplicar, como el abecedario… No puedes exigir que se respeten tus derechos si no se tiene el mínimo respeto a uno mismo para saber cuales son.

Una vez aprendido el artículo 35, cuando entremos en el edificio de Gestión con total determinación de registrar lo que sea, debemos parar un momento y consultar el artículo 38. Correcto, Registros.

Este artículo tiene 8 puntos, que a continuación procedo a explicar:

1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares. Este punto viene a decir que el Registro es exclusivamente donde se tramitan las comunicaciones que afectan a la Universidad (en este caso), bien sea de la Universidad a uno de sus miembros, de uno de sus miembros a la Universidad, o entre los propios miembros de la Universidad en caso de tener una relación de especial sujeción con la misma (bien sea por vinculación laboral, como un Profesor o un secretario administrativo, o bien por vinculación administrativa, como servidor, que es Presidente de un órgano colegiado de la Universidad).

2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. Este primer párrafo es el que explica que el Registro de Móstoles tenga un cartel en la entrada que pone REGISTRO GENERAL, y el resto de Campus tengan su propio Registro que, si os habéis fijado en algún documento de procesos electorales que hemos vivido recientemente, habréis podido observar que son auxiliares. Quiere decir, básicamente, que en cualquier unidad administrativa (aplicado en este caso a los distintos Campus) puedes registrar un escrito, pero que en cualquier caso, ese registro se efectuará, además, en el Registro de Móstoles.

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida. Este párrafo es el que explica que cuando os llega una carta de la Universidad tenga ese sello extraño con la fecha, la hora, el minuto y el segundo. En efecto, tiene que constar, ya que es la manera de probar en todo momento el cumplimiento de plazos de los procedimientos.

Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. He de decir que el trámite de Registro consta de tres partes, una es en la que te sellan la copia, otra en la que se anotan los datos del escrito (dirigido a, resumen, remitente…), y la tercera es el registro propiamente dicho (es decir, cuando le ponen el sello raro que comentaba antes). Una vez que se ha registrado, como señala la norma, se ha de cursar inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues no es que tengan al Correcaminos de aquí para allá continuamente entre los distintos Campus echándose una carrera cada vez que alguien presenta un escrito, pero sí deben disponer en cada turno un transporte de documentación que proceda al reparto de las instancias por los distintos Campus, recibiéndolos el miembro del PAS encargado de repartir las comunicaciones en cada Campus, con lo que no debería demorarse más de un día desde que presentas un escrito hasta que el órgano o la unidad administrativa de la Universidad lo recibe. Cosa distinta es que se trate de una salida y entonces entre en juego el factor Servicio de Correos y Telégrafos, en cuyo caso, evidentemente, la comunicación se ve demorada.

3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático. Esto quiere decir que debe haber un registro informático de todo lo registrado, tal como indica la Disposición Adicional 2ª de la Ley de Procedimiento, en función del grado de desarrollo de los medios técnicos de que dispongan.

El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.  Esto es lo que comentaba antes sobre el segundo paso del trámite, en el que rellenan los datos del escrito.

Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo. Simplemente, que el registro informático recogerá los asentamientos que se realicen tanto en el Registro General como en los Registros auxiliares, lo cual redunda en lo expresado en el punto 2.

(Continuará…)

El comienzo

Llevaba muchísimo tiempo queriendo comenzar este blog, pero la verdad que no sabía realmente cómo hacerlo. No es que yo sea, ni muchísimo menos, un gran experto en Derecho Administrativo, pero lo cierto es que poco a poco (o no tan poco a poco, y tal vez más de golpe) voy adquiriendo conocimientos y entendiendo cómo se articula toda la estructura de la Universidad, y las normas que la operan, haciendo bastante más fácil la ardua tarea de recurrir las arbitrariedades que continuamente se cometen en la institución, y hacer valer mis derechos y los del colectivo al que hoy por hoy represento, que es el conjunto de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.

Dado que no tengo claro cuál es el target de este blog, llevo meses dudando sobre la manera de enfocarlo. Tenía, básicamente, dos opciones:

La primera, era la de dedicarme a reflexionar sobre los distintos aspectos de la administración universitaria, dándole vueltas a cómo han de hacerse las cosas, y cuál es el camino a seguir. Darle un toque bastante técnico, y centrarme en las cosas que, según el momento, me llamasen más la atención.  Finalmente creí que no era una buena opción, ya que en la parte académica se trata de una parcela del Derecho tan pequeña que apenas suscitaría interés, y quien tuviera verdadero interés por ella, seguramente encontraría en lo que yo pudiera escribir pocas respuestas o dudas existenciales, mientras que la gente que mayor provecho podría sacar de aquellas reflexiones, por seguro que no tendrían motivación suficiente para indagar hasta entender lo que en ellas se dijera, en caso de no tener nociones previas de Derecho.

La segunda, era la de intentar explicar, paso a paso, el funcionamiento de la institución, pero se me planteaba un problema de base: Habría que explicar muchísimas cosas desde el principio (qué es un órgano administrativo, un acto administrativo, qué es un procedimiento, cómo se estructura, sus partes, los supuestos de nulidad radical, los de anulabilidad, etc.), cosas que vienen explicadas en cualquier Manual Básico de Derecho Administrativo. Pensé entonces que carecía totalmente de sentido explicar en primer término lo que explica un Manual Básico de Derecho Administrativo, por dos razones. Uno, que hay Manuales que tienen explicaciones muy buenas, completas e inteligibles, con mucho grano, y poca paja; y dos, que quien no se tome la molestia de sacar un Manual de la Biblioteca o hacer algo de investigación por Internet, seguramente tampoco dedicaría tiempo a leer las entradas que se centrasen en explicar lo más básico de esta Rama del Derecho. Conque, finalmente, la inactividad se apoderó de este blog.

Últimamente estoy inmerso en multitud de procedimientos, y no hay un día que no tenga que presentar algún escrito en algún Registro. El nivel de inutilidad que detecto en la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos se supera cada día, y claro, hay que actuar, porque los derechos están para ejercerlos y ejercitarlos.  Vivimos en un país en el que se nos llena la boca de derechos, pero a la hora de la verdad, poca gente mueve un dedo por que surtan efecto. Los derechos son una cosa que tenemos, que no entedemos, que no usamos, pero cuidado, que no nos los quiten. Como el que tiene un tío en Alcalá…

Así que, aquí estoy, escribiendo. Finalmente he decidido ir poniendo lo que me venga en gana, poco más o menos. Aprovechando los procedimientos en curso, y los finalizados, probablemente gran parte de las entradas tengan que ver con los mismos, y me dedique a desmontar las resoluciones chapuceras que se dictan en los distintos órganos de la Universidad Rey Juan Carlos, incluyendo por un lado la resolución de la Universidad, y por otro lado, el correspondiente recurso, y lo intentaré diseccionar y abordar por partes la respuesta de la Universidad haciendo comentarios a cada punto, y vinculando todo lo posible a fuentes de confianza que ofrezcan una buena explicación de los términos que puedan resultar de interés o de difícil comprensión, aunque seguramente esto lo haré a medida que vaya sacando huecos, dado que cuando me pongo a escribir no tengo límite, y cuando paro, publico.

Espero entretener y que, quien quiera y pueda, aprenda.